SUCRE, BOLIVIA – Este miércoles, 13 de febrero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia pública en la ciudad de Sucre, Bolivia, para discutir la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espírito Santo (APOINME) e Indian Law Resource Center denunciaron el Gobierno de Jair Bolsonaro por su política atentatoria de los derechos de los pueblos indígenas. También informaron a la Comisión sobre el aumento de actos de violencia contra los pueblos indígenas desde las elecciones de 2018.
Las organizaciones hicieron hincapié en las conocidas declaraciones conocidas Bolsonaro contra los pueblos indígenas, quien comparó a los pueblos indígenas que viven en reservas con animales de zoológico y prometió que, si es elegido, no demarcaría ningún centímetro más de tierras indígenas y quilombolas.
La información presentada a la Comisión dejó entrever que Bolsonaro está cumpliendo con su promesa electoral. Por medio de la Medida Provisional 870 y de los Decretos 9660 y 9667, Bolsonaro creó una serie de medidas que dificultan los procesos de demarcación de tierras indígenas. Se desvinculó a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) del Ministerio de Justicia tal como existía desde 1991 y la vinculó al Ministerio de la Familia, Mujer y Derechos Humanos, el cual hasta 2018 se llamaba Ministerio de Derechos Humanos. También se retiró de la competencia de FUNAI la demarcación de las tierras indígenas, así como la formulación, coordinación y supervisión de las acciones y directrices sobre las licencias ambientales afectando a tierras de las comunidades indígenas y quilombolas.
Otro órgano que sufrió cambios es el Consejo Nacional de Política Indigenista (CNPI). El CNPI es órgano colegiado de carácter consultivo, responsable de la elaboración, acompañamiento e implementación de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas. El CNPI fue creado por el Decreto nº 8.593 de 17 de diciembre de 2015 y está compuesto por 45 miembros, siendo 15 representantes del Poder Ejecutivo federal, todos con derecho a voto; 28 representantes de los pueblos y organizaciones indígenas, siendo 13 con derecho a voto; y dos representantes de entidades indigenistas, con derecho a voto. El CNPI también fue trasladado del Ministerio de Justicia al Ministerio de la Familia, Mujer y Derechos Humanos.
Luiz Henrique Eloy del pueblo indígena Terena, abogado de APIB, resaltó que esas alteraciones ocurrieron sin procedimientos de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También resaltó que “las alteraciones hechas por el Estado ponen la demarcación de tierras indígenas en manos de los agronegocios, enemigos históricos de los pueblos indígenas brasileños.”
Angela Kaxuyana del pueblo indígena Kaxuyana, miembra de COIAB, se refirió a la demarcación de las tierras indígenas en Brasil. Según ella, “el Estado brasileño no ha adoptado acción alguna para demarcar 537 tierras reivindicadas por los pueblos indígenas que equivalen al 41% del total de las tierras indígenas del país.” Ella también señaló que, mientras esta audiencia ante la Comisión se estaba desarrollando, los ministros Gustavo Bebianno (Secretaría General de la Presidencia), Ricardo Salles (Medio Ambiente) y Damares Alves (Mujer, Familia y Derechos Humanos) realizaron una visita in loco a Zoé, un pueblo indígena recientemente contactado. La visita tiene por objetivo discutir la reanudación del proyecto Calha Norte, un proyecto del gobierno José Sarney para fijar la presencia militar en la Amazonia.
George de Vasconcelos del pueblo indígena Pankararu, Coordinador de APOINME, destacó los violentos ataques que viene sufriendo su pueblo por invasores que persiguen entrar en posesión de tierras Pankararu a pesar de una decisión judicial firme adoptada en 2010 por un juzgado a favor del pueblo Pankararu. Conforme a Vasconcelos, “el día de la elección de Bolsonaro, la tierra indígena del Pueblo Pankararu en el municipio de Jatobá, Pernambuco, fue atacada y tanto un centro de salud como una escuela a los cuales atendían miembros de la comunidad fueron incendiados.”
Leonardo Crippa, abogado de Indian Law Resource Center, presentó las peticiones que las organizaciones indígenas formularon a la Comisión. En particular, solicitaron la reanudación del diálogo entre el Estado y los representantes indígenas reconocidos por los pueblos indígenas de Brasil a través de la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI). También, pidieron que el Estado priorice la demarcación de tierras indígenas y que se abstenga de realizar actos por medio de los cuales agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su permiso o tolerancia, afecten tierras indígenas o su medio ambiente.
Para mayor información escribir a:
Brasil - Marcelo Azambuja ma.azambuja@hotmail.com
EE.UU - Leonardo Crippa lcrippa@indianlaw.org